Un análisis de los mecanismos de protección de los operadores económicos establecidos por la Ley de garantía de la unidad de mercado

Abstract

This paper examines the effectiveness of the protection mechanisms established by Spanish Law 20/2013 to ensure market unity, which allows economic operators to challenge regulations that may constitute unjustified barriers to competition. Using a quantitative analysis of over 1,000 claims filed between 2014 and 2024, the study shows that claims are mainly concentrated on specific activities, with recent growth in those related to renewable energy and telecommunications. The highest number of claims have been filed against local governments, and their share has increased over time. Regarding market type, no strong sectoral characteristics are found to be associated with the likelihood of a claim, beyond the presence of specialised legal representatives. At the company level, claims are submitted both by individuals and by large corporations that are relatively well positioned in terms of productivity within their sector and region. The proportion of claims that result in regulatory change is limited, especially in the case of those filed against local governments. In terms of sectoral productivity outcomes, a positive impact has only been observed in small sectors, with no significant aggregate effects.

En este documento se analiza el funcionamiento de los mecanismos de protección establecidos por la Ley 20/2013, de garantía de la unidad de mercado en España, que permite a los operadores económicos reclamar sobre las regulaciones que puedan suponer barreras injustificadas a la competencia e inversión empresarial. El estudio, realizado a partir de un análisis cuantitativo de más de 1.000 reclamaciones interpuestas entre 2014 y 2024, muestra que las reclamaciones se concentran principalmente en determinadas actividades, con un crecimiento reciente de aquellas relacionadas con las energías renovables y las telecomunicaciones. Por Administración afectada, la local es la que ha acumulado un mayor número de reclamaciones, y su contribución ha ganado peso con los años. Según el tipo de mercado, no se encuentran características sectoriales fuertemente relacionadas con una reclamación más allá de la presencia de representantes legales especializados. A escala empresarial, las reclamaciones son interpuestas tanto por particulares como por grandes corporaciones relativamente bien posicionadas en términos de productividad dentro de su sector y comunidad autónoma. El porcentaje de las reclamaciones que consiguen una modificación de una regulación existente es limitado, especialmente frente a las Administraciones locales. En cuanto a las consecuencias para la productividad sectorial, se ha detectado un impacto positivo en sectores pequeños, pero sin efectos agregados apreciables.