Employment protection legislation and labor court activity in Spain

Abstract

La intervención de los juzgados de lo Social en casos de despido da lugar a que pueda existir una diferencia importante entre las indemnizaciones por despido establecidas por la ley y los costes efectivos de despido (después de su resolución). Además de los costes asociados al procedimiento judicial, están los derivados de la incertidumbre sobre el sentido de la sentencia, que puede declarar el despido improcedente, lo que implica una subida sustancial de las indemnizaciones. En 2010 y 2012 sendas reformas laborales ampliaron la definición de despido objetivo procedente en España. En este artículo se usan datos provinciales sobre sentencias judiciales en casos de despido referidos a períodos anteriores y posteriores a la reforma (2004-2014). En este análisis se tienen en cuenta algunas características provinciales (las condiciones locales del mercado de trabajo, características de los juzgados de lo Social, la prevalencia de conciliaciones judiciales, la congestión judicial) que pueden influir en la selección de casos de despido que acaban siendo resueltos por sentencia judicial. Los resultados indican que, a pesar de las reformas de 2010 y 2012, la proporción de despidos que son declarados procedentes por los juzgados de lo Social no ha aumentado significativamente, aunque ahora muestra una asociación negativa con la tasa de paro local menor que en el periodo anterior a las reformas

Labor courts may introduce a significant wedge between “legal” firing costs and “effective” (post-trial) firing costs. Apart from procedural costs, there is uncertainty over judges’ rulings, in particular over the likelihood of a “fair” dismissal ultimately being ruled as “unfair”, which may increase fi ring costs significantly. In 2010 and 2012, reforms of Employment Protection Legislation widened the definition of fair economic dismissals in Spain. In this paper we look at Labor Court rulings on dismissals across Spanish provinces before and after the EPL reforms (2004-2014). We make this comparison taking into account a set of co-variates (local labor market conditions, characteristics of the Labor Courts, pre-trial conciliations, congestion of Labor Courts) which may determine the selection of dismissal cases ruled by Labor Courts. Our results suggest that, despite the 2010 and 2012 EPL reforms, the proportion of economic redundancies being ruled as fair by Labor Courts has not substantially increased, although it is now less negatively associated with the local unemployment rate than in the pre-reform period