An economic analysis of court fees : evidence from the Spanish civil jurisdiction

Abstract

La aprobación de un sistema de tasas judiciales se ha justificado tradicionalmente como un medio para mejorar la eficacia judicial, en tanto que podría reducir el número de conflictos que se llevan ante la justicia. La congestión judicial, de hecho, está relacionada con un peor rendimiento de la economía. Si bien España tiene una de las tasas de litigación más altas de la OCDE, tradicionalmente ha carecido de un sistema amplio de tasas judiciales. En 2002, el Congreso aprobó un sistema de tasas pagaderas por las personas jurídicas. En 2012, las tasas se ampliaron a las personas físicas y, en 2015, fueron derogadas parcialmente. Este documento aprovecha estos períodos limitados de vigor para analizar empíricamente los impactos de las tasas en la congestión judicial. Para poder hacerlo, se ha recopilado una base de datos trimestral con información sobre la carga de trabajo real de la jurisdicción civil. El análisis permite concluir que los efectos de las tasas, a pesar de haber reducido la congestión judicial, están lejos de ser homogéneos y dependen del tipo de procedimiento, la carga de trabajo de los órganos judiciales y las condiciones macroeconómicas locales

The adoption of court fees has been traditionally justified as a means to improve the performance of enforcement institutions as they may have an effect of deterrence of the dispute. Judicial congestion has clear negative impacts on economic performance. Spain, which has one of the highest rates of litigation of the OECD, has traditionally lacked a general system of court fees. In 2002, the Congress passed a system of court fees to be paid by legal entities and enterprises. In 2012, the fees were extended to individuals and abrogated in 2015. This bounded period of enforcement allows us to empirically test the impacts of court fees on congestion. In order to do this, we collected a comprehensive database of quarterly data on the real workload of civil courts. This study concludes that the effects of court fees, although reduced courts’ congestion, are far from homogeneous and depend on the type of procedure, the workload of the courts and the local macroeconomic conditions